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Derogacion decreto 664/03 ajuste por inflacion

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Los contadores tienen un año en el que tuvieron que salir varias veces a quejarse y presentar cartas formales y esta vez no es diferente ya que exigen que el Ejecutivo mediante la Derogación del decreto 664/03 permite volver a aplicar el ajuste por inflación, además de las fuertes distorsiones que se vienen profundizando en el último año.

Derogación del decreto 664/03

Desde el Gobierno no dieron respuestas, por lo que autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Fapce) y de los Consejos Profesionales que agrupan a los contadores elevaron dos notas al Poder Ejecutivo Nacional reclamando la derogación del decreto que 664/03 que es el que impide aplicar el ajuste por inflación sobre los balances.

Aprovechando el 20º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas de fines de Octubre en la Ciudad de Salta en el que participaron 2.000 matriculados, realizaron un documento llamado “Derogación del decreto 664/03 – Reexpresión de Estados Contables”, en el que figuran las causas por las que exigen dejar sin efecto dicha norma y habilitar el ajuste por inflación.

Dicho informe fue elaborado por las comisiones técnicas y aprobado por los presidentes de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la mesa directiva de la Facpce, en la pasada reunión del 31 Octubre 2014 y que fuera aprobado el miércoles 5 de Noviembre, la Facpce envió la nota junto al documento al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y una nota similar al ministro de Economía, Axel Kicillof, para que ambos “arbitren los medios que para que propicien la pronta derogación del decreto”.

Ajuste por Inflación:

Además de las fuertes distorsiones; según los profesionales cada vez más existen una distribución de utilidades ficticias, inequidad tributaria y distorsión sobre los precios. No solo el reclamo es que se derogue el decreto 664/03. Si bien el Gobierno tiene otros frentes de tormentas, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Fapce) y los Consejos Profesionales creen que es un tema urgente que afecta en difeentes escalas y no solo les complica a los contadores el impedimento de aplicar el ajuste por inflación de los balances.

En cuanto a las graves distorsiones denuncia que “la profesión contable debería reestablecer una norma contable que considere el efecto del cambio en el poder adquisitivo de la moneda ya que la información contable está distorsionada”. Resaltando que “El decreto 664 provoca un conflicto jerárquico con la Ley de Sociedades Comerciales que establece que los estados contables deben presentarse en moneda constante”.

Graves distorsiones y efectos no deseados en los balances contables de las compañías:

-Los resultados expresados pueden no ser reales -generalmente son mayores- lo que permitiría distribuir utilidades nominales, reduciendo el capital real de las empresas.

-Los inversores del exterior, mediante esta distribución de utilidades no existentes, están distribuyendo capital y podrían retornar su inversión al exterior. Por lo que el Estado se ve obligado a limitar esta distribución para evitar la desinversión extranjera y problemas con la balanza de pagos (puntualmente, reducción de reservas). Actuando sobre el efecto (la distribución de utilidades que son capital) y no sobre la causa la no consideración de diferencias por reexpresar los estados contables.

-Lo que produce, una distorsión desde el punto impositivo, ya que las empresas que tienen más activos monetarios que pasivos monetarios pagan más impuestos. Y las que tienen más pasivos -préstamos- que activos monetarios, pagan menos impuesto lo que genera una inequidad tributaria. Normalmente se benefician las grandes compañías por sobre las medianas y pequeñas empresas.

-Todo este mecanismo provoca una mayor distorsión de precios porque al no medir adecuadamente los resultados de la operación, los empresarios se “cubren” frente a la falta de información y fijan precios en distintos casos superiores a los que generaría un estudio de costos ajustados.

Ante lo expresado, la abogada especialista en derecho tributario Agustina O’Donnell señala que “es posible que en el período fiscal 2014 muchas empresas paguen más Ganancias de lo que legalmente les corresponde, esto es, sobre ganancias ficticias o que no se originaron en los reales resultados de la actividad ejercida, sino que son producto de la inflación”. Si la tasa efectiva del impuesto es del 50% o superior y no del 35% como establece la ley, el gravamen se convierte en inconstitucional al ser confiscatorio.

Resaltando que “la confiscatoriedad no se presume, debe ser invocada y probada por el interesado en cada caso y período fiscal en particular” y que en base al principio de la división de poderes, “el planteo debe ser hecho ante la Justicia, la que en los últimos meses en particular y debido a la proximidad del cierre del período fiscal ha comenzado a recibir planteos de esta naturaleza”.

Cuándo Aplicar el Ajuste por Inflación:

Por otro lado en cuanto al decreto 664, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy” permitió a la empresa aplicar el ajuste por inflación exponiendo que el tributo pasó a ser confiscatorio. Entonces el máximo tribunal falló que en caso que el contribuyente pudiera demostrar que el pago del impuesto significa el 62% del resultado impositivo o el 55% de las utilidades, estará habilitado a utilizar el ajuste por inflación.

Previamente debe existir una prueba pericial demostrativa de los mencionados extremos, ya que en caso contrario los altos magistrados no podrán avalar que las empresas puedan ajustar por inflación. Precisamente se dió en una causa en que la Corte Suprema rechazó el pedido de una firma la no haber presentado la documentación acreditativa sobre la confiscatoriedad del impuesto por lo que por mas razón que tuvieran no dio lugar.

Para, Juan Pablo Scalone, del estudio Enrique Scalone & Asociados, señala que “la confiscatoriedad se prueba con la tasa efectiva de impuesto” y que “Esto es, se toma la ganancia calculada con ajuste, luego se le aplica el impuesto calculado sin ajuste, o sea más gravoso, y de ello se extrae la alícuota abonada. Si esta supera el 35% resulta confiscatoria”. Dicha prueba no la puede realizar solamente la parte que realiza la indexación unilateralmente, mediante una certificación contable, sin revisión de AFIP en este caso.

Asegurando que “la carga de la prueba sobre la confiscatoriedad del impuesto recae siempre sobre el contribuyente que solicita la aplicación de las normas de ajuste por inflación”. Incluso “Esa prueba, además, para que sea válida y considerada por el juez, tiene que haber sido sustanciada con el control de ambas partes, propósito que se logra en general con la prueba pericial contable que se produce con el perito de oficio designado en el Poder Judicial o bien con los peritos que ambas partes -AFIP y contribuyente- pueden designar en el proceso ante el TFN que es asimilable al dictamen del perito de oficio porque éstos deben presentar un informe único confeccionado en forma conjunta”.

Ante esto explican que “la forma más común de que la prueba no sea unilateral es hacerla a través de una pericia. O en su defecto, debería admitirse que una certificación contable sea ratificada por una pericia, con participación del fisco”. Mientras que resaltan que “la Corte Suprema fue por demás clara al fallar en la causa ‘Candy SA’ y en fallos posteriores respecto de qué es lo que se debe probar y a quién le corresponde probar para quedar alcanzada por su doctrina”.

Fuente: iProfesional

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